Poder llegar a muchas más personas y conseguir un reparto más justo de los recursos. Ese es el objetivo de la nueva Ordenanza Reguladora de las Ayudas para la Atención de las Necesidades Sociales del Ayuntamiento de Santomera, aprobada en Pleno el pasado mes de julio y en vigor desde esta mañana, tras su publicación el BORM.
El documento sustituye al elaborado en 2015, que había quedado desactualizado en distintos aspectos. En este sentido, la nueva normativa amplía la cobertura de las ayudas a nuevos perfiles de personas con vulnerabilidad social, introduce nuevos conceptos de ayudas, actualiza las cuantías máximas, garantiza la complementariedad con otras prestaciones sociales de reciente incorporación como el ingreso mínimo vital, simplifica los trámites administrativos aparejados a su solicitud y favorece su gestión electrónica.
Entre las modificaciones introducidas destaca especialmente una mayor valoración de los factores sociales que afectan a las familias. Así pues, los baremos puramente económicos pierden peso, motivo que en parte justifica la ampliación de estos: los requisitos al respecto han aumentado desde el 1,7 al 2,1 del IMPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Gracias a ello, colectivos como las personas que perciben pensiones mínimas, trabajadores fijos discontinuos o con contratos temporales con ingresos precarios, que antes se quedaban fuera de la protección de estas ayudas, podrán empezar a optar a ellas.
Además, se ha ampliado la tipología de las ayudas mediante la incorporación de apartados no recogidos hasta ahora. En esa línea, se han creado nuevos conceptos diferenciados para cubrir los gastos derivados de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, con el objetivo de minimizar la brecha digital, o de tratamientos de apoyo a la salud bucodental para determinados colectivos vulnerables. También se ha incrementado hasta los 1.000 euros la cuantía máxima a conceder en el apartado de ayudas técnicas; ello permitirá la adquisición de productos de apoyo necesarios para favorecer la autonomía de las personas, que en muchos casos es muy superior a los 600 euros de tope fijados en la normativa recién derogada.
Otro apartado que ha sido modificado es el de la limitación del tiempo para solicitar sucesivas ayudas para una finalidad idéntica, que ha quedado fijado en dos años. De esa manera se aclara que las ayudas recogidas en la nueva ordenanza no tienen carácter periódico, sino que pretenden responder a situaciones puntuales que eviten la cronificación de la pobreza.
En un momento oportuno
"Esta ordenanza nos ayudará a dar un paso más hacia el objetivo de que nadie se queda atrás", apunta Paloma Cánovas, concejala de Derechos Sociales. Su aprobación, además, ha llegado en un momento oportuno, "porque, lamentablemente, la pandemia ha contribuido a agravar las dificultades que atraviesan muchas familias. Los tiempos de crisis suelen ensañarse siempre en las mismas personas y nosotros, como administración más cercana, debemos estar a su lado para brindarles todo el apoyo posible". Cánovas también ha querido destacar el gran trabajo que se está realizando desde la Mancomunidad de Servicios Sociales, algunas de cuyas técnicas son además responsables de la redacción de la nueva ordenanza.