Denuncian a la empresa “Gestión y recuperación de residuos” por emisiones de polvo de madera y ruidos.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el SEPRONA, ayuntamiento de Santomera y Consejería de Agricultura y Agua, la situación de riesgo para la salud de los vecinos que esta empresa está produciendo.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), ante el ayuntamiento de Santomera y ante la Consejería de Agricultura y Agua la situación creada por una empresa dedicada a la reparación de palets y la trituración de diferentes tipos de madera, que produce contaminación acústica y sobre todo grandes cantidades de polvo de aserrín de madera muy fino que invade las propiedades de los vecinos que residen en las proximidades de la empresa.

Esto sucede, según  los ecologistas, debido a que la empresa no dispone de los medios adecuados para no emitir partículas de polvo a la atmósfera, con el agravante de que el polvo de maderas duras es cancerigeno para el ser humano, y el polvo del resto de maderas produce también problemas de salud para las personas, como acreditan diversos estudios médicos.

Esta situación persiste a pesar las múltiples denuncias de los vecinos de la zona y de la resolución de 13 de agosto de 2010 del expediente sancionador a la mercantil “Gestión y recuperación de residuos”, abierto por parte del ayuntamiento de Santomera, a raíz de las denuncias vecinales.

En dicha Resolución de 13 de agosto de 2010, el ayuntamiento decretaba el cierre de todas las instalaciones sin licencia (que son aproximadamente un tercio de la superficie actual), así como la imposición de medidas correctoras consistentes en el cerramiento de todos los depósitos de maderas y aserrín, así como de la maquinaria precisa para su tratamiento y reparación, a los efectos de evitar cualquier ruido o liberación de partículas de polvo producidas por su tratamiento y deposito, molestias ocasionadas al vecindario, debiendo aplicar materiales que insonoricen el tratamiento de la madera y el funcionamiento de los motores.

Sin embargo, según denuncia la asociación ecologista, a pesar de que han pasado ya más de seis meses desde dicha resolución del consistorio, los vecinos y vecinas siguen soportando el polvo y los ruidos perjudiciales para su salud, ya que la empresa no ha efectuado ninguna de las medidas correctoras, ni ha acometido la limpieza de las instalaciones y depósitos ilegales que ordenaba el ayuntamiento.

Los ecologistas consideran que la pasividad de las autoridades municipales ante estos hechos es vergonzante, ya que se está poniendo en riesgo la salud de los vecinos en aras del beneficio de una empresa privada mediante una actividad en instalaciones ilegales. Dicha omisión de ejecución de las medidas, podría entenderse como prevaricación por omisión a los efectos del artículo 329 del Código Penal por parte de las autoridades, teniendo como lamentable antecedente en el municipio el de la Cantera de ARIMESA (cantera ilegal propiedad del Presidente de la Cámara de Comercio, que ha estado años funcionando sin licencia).

Ecologistas en Acción han solicitado al ayuntamiento de Santomera que ejecute las órdenes contenidas en la resolución del expediente sancionador referido y proceda a la paralización de todas las actividades que esta empresa realiza y no cumplan con la legislación vigente tal y como indica la resolución del expediente sancionador. Todo ello sin perjuicio de que la empresa haya podido recurrir dicha decisión, lo que nunca puede suponer la suspensión de los efectos de la citada sanción, que suponen liberar a los vecinos de una carga que está afectando a derechos fundamentales como el de la vida digna, la integridad física, la intimidad del domicilio y la propiedad.

Ecologistas en Acción y vecinos de la empresa han expresado su intención de poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia los hechos, así como copia del expediente sancionador del ayuntamiento de Santomera, por si se entendiera que por parte de las autoridades o la empresa se pudieran estar cometiendo delitos ambientales.

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