En el número de junio de la revista La calle que edita el Ayuntamiento de Santomera se publicó un artículo sobre el contrato del agua potable en el que se mentía abiertamente al afirmar que el Ayuntamiento había pagado en los últimos dos años 59.000€ a la empresa Aqualia por la disminución del consumo de agua, cuando la realidad es que no sólo no ha pagado un solo euro, sino que ha ingresado dinero de esta empresa. Culpaba el artículo al anterior equipo de gobierno socialista de este hecho falso.

Teniendo conocimiento de que se iba a publicar tal artículo y puestos en contacto con el responsable de la revista, le instamos a contrastar la información y recabar el punto de vista del Partido Socialista. Pese a que no recogió tales exigencias, se comprometió a publicar la opinión del PSOE en la revista de julio, en un artículo similar al anterior.

Llegado el momento, en julio se nos niega el derecho a opinar en la revista municipal, al parecer por una decisión unilateral del alcalde, con lo que aquella promesa de dejar que manifestáramos nuestra opinión se queda en una mentira como la reflejada en el artículo origen de la polémica.

Entendemos que tal actuación del Sr. Sánchez Artés supone una conculcación de un derecho básico en democracia, cercenando el derecho a réplica y a opinar de la oposición y constituye un ejercicio de censura. Además, este hecho se agrava al producirse en un medio de comunicación pagado por todos los ciudadanos y ciudadanas de Santomera. Se aprovecha el alcalde de una revista de información local para atacar a la oposición, lo cual no deja de ser una manipulación y una utilización perversa de un medio pagado por todos.

Con ello, el Sr. Sánchez Artés no sólo desprecia a la oposición y a todas las persona representadas por el PSOE, sino a todos los santomeranos y santomeranas que confiaron en él para ejercer su cargo con respeto a los principios democráticos.

Artículo elaborado para ser publicado en la revista La calle, en contestación al publicado en Junio:

Ahorrar agua en Santomera, no es caro, pero el Ayuntamiento si vende menos ingresa menos.

El Equipo de Gobierno en su afán de hacer oposición a la oposición, lanzaba a los medios, de forma irresponsable, en boca de su Alcalde, que el contrato con Aqualia firmado por la Corporación anterior penalizaba el ahorro en el consumo de agua.

El contrato, fruto de una negociación hace cinco años, ha supuesto para Santomera que tengamos unas tarifas más bajas que los pueblos de la zona, lo que supone que paguemos menos por el agua que Abanilla o Murcia, por ejemplo. Además, supuso el ingreso en los tres primeros años de 400 millones de pesetas anticipadas (invertidos en la climatización de la piscina, césped artificial en campo de fútbol, remodelación de plazas y calles…) y 5 millones más cada año (30.000 €). Para ello era lógico que se establecieran unos mínimos de consumo, según un estudio de crecimiento y unos históricos de consumo, algo habitual en este tipo de contratos.

Como consecuencia del parón de la construcción y, sobre todo, la menor actividad de las industrias cítricas en los años 2007 y 2008, no se ha llegado al consumo mínimo previsto.

Según el alcalde, en estos dos últimos años se ha tenido que pagar a Aqualia 59.000 € de penalización. Esto no es cierto. Lo que ha pasado es que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar esos 59.000 € y sólo ha ingresado 1.000 €, en concepto de canon. Pero, para ello, ya se previó en su momento ese pago anual de 5 millones. Este año seguro que las cítricas, van a tener actividad de más y se corregirá ese desfase momentáneo.

El Equipo de Gobierno actual, en la oposición cuando se firmó el contrato, nunca lo admitió porque suponía recibir fondos para hacer cosas, para mejorar nuestro pueblo. Por ello, lo denunciaron ante los Tribunales y está pendiente de sentencia.

Pero aquel contrato no fue más que la repetición de otros 12 que se hicieron en la Región (entre ellos San Pedro del Pinatar y Fortuna, gobernadas por el PP, y que sirvieron de modelo para el nuestro). Ellos sí podían hacerlo donde gobernaban, pero nosotros no.

Cuando salga la sentencia, si les da la razón, el Gobierno actual tendrá que sacarlo a nuevo concurso y hacer las cosas como crea conveniente.

Pero que lleven cuidado, la situación actual no es la misma y seguramente un nuevo contrato supondría una disminución de ingresos en el Ayuntamiento y que el agua nos salga más cara a todos los ciudadanos.