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Los trabajadores de ARIMESA afectados por el cierre de su empresa piden en el Ayuntamiento de Santomera la dimisión de la alcaldesa del PSOE (25/06/2018)

Los empleados han iniciado nuevas protestas frente al Ayuntamiento porque el juez observa una posible prevaricación administrativa de la primera edil al no otorgar la nueva licencia de apertura

Las 56 familias afectadas por el cierre de la cantera tienen sus esperanzas puestas en la decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia que ha visto indicios racionales de delito al no permitir la actividad legal de la empresa avalada por organismos autonómicos

El juez ha llamado a declarar como investigados -antes imputados- a la alcaldesa socialista, Inmaculada Sánchez; al edil de Urbanismo de Alternativa, Joaquín Rubio, y al arquitecto municipal por presunta prevaricación

Los trabajadores de ARIMESA afectados por el cierre ordenado por la alcaldesa socialista de Santomera, Inma Sánchez, piden que dimita ante la citación que le ha remitido el Juzgado a la primera edil por una presunta prevaricación administrativa al no otorgar la cédula de apertura a la empresa.

La nueva licencia de actividad necesaria para reabrir la producción está avalada por todos los organismos autonómicos, y el PSOE y PODEMOS lo han incumplido por lo que tendrán que responder ante el juez.

Las 56 familias afectadas por el cierre y el ´´envío al paro´´ de los trabajadores han iniciado estas nuevas protestas públicas frente al Ayuntamiento. .

Desde un primer momento vieron que la decisión era arbitraria ya que todos los organismos autonómicos permitían la reapertura de la compañía por cumplir toda la normativa vigente.

ARIMESA empezó su actividad en 1974 y, por la segregación del Ayuntamiento de Murcia y Santomera, se quedó en situación de incertidumbre al no tener la nueva licencia apertura.

Las 56 familias afectadas por el cierre de la cantera, y a la espera de la orden de reapertura, tienen todas sus esperanzas puestas en la decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia que ha visto indicios racionales de delito al no permitir la nueva actividad legal de la empresa que todos los organismos autonómicos han reclamado

El titular del Juzgado ha llamado a declarar como investigados -antes imputados- a la alcaldesa socialista, Inmaculada Sánchez; al edil de Urbanismo de Alternativa, Joaquín Rubio, y al arquitecto municipal por el posible delito de prevaricación

Afirman que Inma Sánchez ha conseguido que 56 familias se vean en la calle a pesar de que ella incumple, al parecer, la legalidad vigente que obliga a dar la cédula de apertura de la empresa porque la compañía respeta toda la legislación vigente, medioambiental y administrativa

Fuente: Agencias
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